El Proyecto de Ley propone modificar el artículo 377º del Código Penal, sobre la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; la no entrega de la información requerida por el Poder Legislativo, la pena no será menor de 04 años ni mayor de 06 años y la inhabilitación, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 36 a 38 de este Código.

Este es el típico proyecto que emite nuestro congreso de la república en el que se observa una falta de profundidad en su formulación como en su análisis costo – beneficio.

Contra lo que siempre piensan en este tipo de proyectos de Ley, donde dicen que no representan costo para el Erario Público, la realidad es que esta ley le puede costar hasta 670 millones de Nuevos soles anuales al Estado en su conjunto. Con este dinero se podrían tomar medidas de mejoramiento de la gestión pública y sobraría dinero para construir unos cuantos centros de innovación regionales.

En cuanto a su formulación, si bien es correcto completar lo que sea necesario para contar con información oportuna en las situaciones en que nuestros legisladores puedan tomar decisiones en pro de nuestro país, existe la problemática relacionada con la escasez de recursos para responder, bajo certeza administrativa un conjunto de preguntas, muchas de ellas mal o intencionadamente formuladas, al más fiel estilo de nuestro folclore legislativo.

Quien no sabe responder, probablemente tampoco sabe consultar.

Así como los congresistas, que dudan y se incomodan cuando les preguntan por el significado de las siglas del VRAEM y mandan a sus asesores a contestar dichas preguntas que alumnos de quinto de primaria responderían sin temor, también los trabajadores del sector público tienen que consultar y generar una serie de procesos que interrumpen el funcionamiento normal de las entidades para responder preguntas que muchas veces se encuentran a la altura de quien no conoce dónde queda el VRAEM.

El incentivo del castigo con cárcel tiene seguramente efecto pero la externalidad de presionar genera un cambio agregado de agenda en todos los trabajadores públicos, en una intensidad que dependerá de la cantidad y calidad de las preguntas que se le ocurra al legislativo, muchas veces ya duplicando funciones de Contraloría.

Lo quiero saber todo

Por otra parte no se menciona en el proyecto de Ley el manejo de la información confidencial o el enmarcamiento de la solicitud de la información en procesos formales del poder legislativo, a efectos de no poner en riesgo información pública ni menos para someter la información al servicio de los intereses personales de algunos legisladores, donde la misma comisión de ética del congreso ha dado muestra de dicha información. 

No cuesta al Estado porque no me cuesta a mí como congresista

En cuanto al análisis costo beneficio, existe un costo importante a nivel de eficiencia y eficacia en la ejecución de las políticas públicas. En primer lugar se puede tomar en cuenta   las duplicidades que podrían darse con Contraloría General de la República. En segundo lugar, aunque es aún difícil de medir es el costo de oportunidad por tener que detener la ejecución de políticas públicas para responder a los requerimientos de los legisladores…Y no es una exageración: he visto muchas veces cómo se forman equipos para responder adecuadamente una solicitud desde el legislativo y se pueden correr días. Cuando hacemos estimación de dotación y carga de trabajo, las respuestas administrativas representan aproximadamente el 20% del tiempo de un trabajador público. Con esta medida en que se castiga cualquier imprecisión en el otorgamiento de la información, no me sorprendería que este porcentaje se eleve a un 23%. Ese 3% del tiempo significa para el Erario Público aproximadamente 670 millones de nuevos soles al año.

Finalmente, el proyecto de ley debiera contemplar el caso de los tres poderes del Estado, pues también existe información y preguntas desde la ciudadanía y las entidades al poder legislativo que son tarde o nunca respondidas.